El 8 de marzo se conmemora el día mundial de la mujer trabajadora, rememorando una huelga de trabajadoras en búsqueda de derechos laborales, y mejores salarios en el año 1908, entonces 129 mujeres murieron tras el incendio de la fábrica Cotton fábrica en Nueva York, donde pedían una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que hacían las mismas actividades y mejorar las condiciones de trabajo que padecían.

Han transcurrido 113 años de este lamentable hecho, pero sin embargo pese a los derechos progresivos como el derecho al voto para las mujeres, el derecho a la participación y representación política, entre otros que se han conseguido tras constantes luchas organizadas; continuamos con muchos derechos aún no reconocidos en igualdad de condiciones. Tal como la precarización y desigualdad que hay en el ámbito laboral en el que según datos de la ONU “a nivel mundial, la brecha salarial de género es del 16 por ciento, lo que significa que las trabajadoras ganan en promedio el 84 por ciento de lo que ganan los hombres. En el caso de las mujeres de color, las inmigrantes y las mujeres madres, la diferencia es incluso mayor”.

Estas discrepancias salariales se suman y tienen consecuencias negativas diarias y reales para las mujeres y sus familias. La crisis exacerba aún más los efectos adversos. Se estima que los efectos generalizados de la COVID-19 podrían empujar a 96 millones de personas a la pobreza extrema para el año 2021, lo que llevaría a 435 millones el número de mujeres y niñas que viven con USD 1,90 por día.

Eso sólo por apuntar a una de la diversidad de problemáticas que abarcan a las mujeres en las sociedade patriarcales, otra problemática tristemente común que afecta a las mujere es la violencia, entendiendo la violencia como algo estructural que se emplea desde las lógicas machistas y que se reproducen en diferentes espacios, no sólo la violencia física, sino el acoso laboral, callejero, en la universidad y en cualquier espacios donde se replique el sistema patriarcal. el dato que se rescata de la Fiscalía registra a nivel nacional, 6.332 casos de violencia enmarcados en la Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (348) durante los dos primeros meses del año.

Ante esta realidad en el mundo y en la región en los últimos años se han fortalecido las demandas de las mujeres a través de colectivos feministas o de auto convocatorias de mujeres. Sin embargo el alzamiento de estas reivindicaciones encuentran casi siempre barreras establecidas por los Estados o los sistemas de justicia, que carentes de una perspectiva de las problemáticas cotidianas que atraviesan las mujeres, muchas veces tienden a deslegitimar pedidos de justicia, a revictimizar a mujeres que han sufrido abusos o violencia, a perpetuar las lógicas machistas que protegen a sus congéneres hombres.

Es de esta manera que llegamos al 8M en el año 2021, donde el Estado propone trabajar en la mejora de los procesos que aplican la ley 348 contra la violencia hacia la mujer ante el pedido de justicia que no ha cesado pues muy pocos casos encuentran un debido proceso celeridad y eficiencia además de atención oportuna a la mujer. Tan sólo el 1,3% de casos de violencia de género en el país tienen sentencia condenatoria dato al 2018 del Ministerio de Gobierno.

La búsqueda de justicia para las mujeres continúa siendo una deuda histórica en nuestros sistemas, seguir pronunciandose y exponiendo la problemática es necesario, pero es más necesario aún que los sistemas de justicia se reestructuren para cumplir el fin con el que fueron creados el de generar “justicia”. No queremos más tener que pedir justicia por feminicidios, por violaciones, por abusos o por violencia. Necesitamos que la sociedad deje de cometer actos machistas que afecten nuestra integridad y ante un hecho de estas características necesitamos encontrar justicia. Centenarios han pasado para poder exigir algunas cosas, no podemos continuar con una justicia patriarcal en pleno siglo XXI.

Por: Patricia Guzmán Cabello