En menos de un año, al menos dos reportajes a profundidad fueron publicados sobre un tema que ha pasado de ser una amenaza latente a un peligro real: el avasallamiento feroz de tierras en el oriente boliviano, especialmente a las de la Chiquitania y Guarayos en el departamento de Santa Cruz. Los titulares de ambos reportajes fueron unas bombas a las que no dieron oídos muchos de los responsables de frenar la amenaza y evitar el peligro: en abril del año pasado, Nathalie Iriarte y Rolando Aparicio publicaron “Los piratas de la tierra” en Página Siete, El Día y Los Tiempos; y este 18 de marzo, hace solo diez días, EL DEBER publicó el reportaje multimedia elaborado por Silvana Vincenti, muy bien titulado “Traficantes de tierra: Chiquitania, un botín político y económico”.

No son las únicas publicaciones sobre un tema harto denunciado desde hace años, sobre todo por organizaciones no gubernamentales y de defensa de los recursos naturales, así como por algunas comunidades afectadas por los avasallamientos, pero las he tomado de referencia adrede para dejar en evidencia cómo en el lapso transcurrido entre uno y otro, nada se hizo para frenar en seco una arremetida sobre las tierras chiquitanas y guarayas, más feroz y de consecuencias aun más graves que las ya vistas en el ámbito político. Todo lo contrario: la investigación de EL DEBER deja al descubierto un avance más veloz que el del nuevo coronavirus, con daños irreversibles en áreas protegidas y una nueva e inminente amenaza de afectación a la Reserva Forestal de Guarayos.

No se trata de “posibilidades futuras”, sino de amenazas concretas y de impacto a corto plazo, como bien lo prueba el acta de reunión suscrita el 5 de febrero del presente año por varias organizaciones interculturales ya asentadas en la Chiquitania y Guarayos, y por el actual ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Edwin Ronal Characayo Villegas. Figuran entre las demandas detalladas en esa acta, la anulación de los títulos aprobados por el Gobierno de Jeanine Áñez, la ratificación de órdenes de asentamientos que el Gobierno de Áñez anuló, nueva ley para dotación individual de tierras fiscales y, lo ya dicho, levantar restricciones sobre la Reserva Forestal de Guarayos, para dotar a los interculturales.

Hay más. Ya circula un proyecto de ley cuyo propósito es dar vía libre a la modificación del Plan de Uso de Suelo aprobado para Santa Cruz en 1995, que categorizó las tierras en el departamento según sus potencialidades para explotación y/o conservación. Si se unen las piezas, queda claro que lo que se busca es otro fenómeno Choré: una reserva forestal creada en 1966, que nació con 900.000 hectáreas y a la que en 1991 se sumaron 180.000, pero a la que ya en 2000 le mermaron más de 200.000 hectáreas ocupadas ilegalmente. La lógica de legalizar lo chuto, como bien lo señala el abogado Alcides Vadillo, aludiendo a lo ya aprobado a favor de los que venden-compran vehículos de contrabando.

En este caso de tierras chiquitanas y guarayas el problema es mayor. No se trata apenas de legalizar un par de asentamientos ilegales, sino de consolidar una política delictiva en tierras, con un nefasto impacto medioambiental y cultural. Una política cuyo inicio puede situarse en 2000, cuando la presión sobre la tierra para uso agrícola y la deforestación dio un salto del Norte Integrado cruceño a la Chiquitania, pese a ser esta de vocación forestal, y que sobrepasó todo límite a partir de 2006, cuando el MAS asumió el poder y fijó entre sus objetivos de concentración de poder el dominio geopolítico y cultural del oriente, a través de la ocupación de tierra y territorio. “Durante la presidencia de Evo Morales, solo en Santa Cruz se entregaron 1,7 millones de hectáreas de tierras estatales a nuevos comunitarios”, se lee en “Los piratas de la tierra”.

De más está decir que esa distribución no benefició a los oriundos del lugar, como manda la ley: 73% benefició a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, 16% a los llamados interculturales y 11% a las Bartolinas, al Movimiento Sin Tierra y un mínimo a los indígenas. Todos ellos, afines al MAS.

Por eso el reportaje de EL DEBER habla de botín político, algo que se refleja además en una mayor votación a favor del MAS en los últimos procesos electorales en la Chiquitania. Un dato que va aparejado a otro no menos llamativo: el padrón electoral ha crecido entre 20 a casi 40 por ciento en al menos nueve municipios chiquitanos.

Un botín político y económico que se traduce en al menos 1.400 nuevas comunidades en las que viven alrededor de 50.000 familias llegadas desde occidente y Chapare, como deja en claro el reportaje de EL DEBER, que recoge a la vez datos obtenidos por la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco, de fuente del Viceministerio de Tierras. Son alrededor de 200.000 personas, frente a no más de 85.000 chiquitanos, según datos de la Fundación Tierra. Esas 1.400, hasta la fecha, pero a punto de seguir aumentando, tal como lo revela la investigación de Silvana Vincenti.

Por si todo esto no bastara, hay que añadir algo más: la amenaza no comienza y acaba en la apuesta de control territorial del MAS. Lamentablemente, en la Chiquitania y Guarayos convergen otros intereses que prescinden de los colores partidarios y visan más al dinero, entre los que se entremezclan grandes productores nacionales y extranjeros, colonos e incluso indígenas originarios del lugar, además de negocios ilícitos como el narcotráfico y la explotación ilegal de flora y fauna. Es una amenaza real, concreta y actual, a la que hay que darle atención ahora mismo y no esperar que pasen los feriados de Semana Santa.