La comisión del Senado que investiga la gestión del combate a la pandemia del coronavirus en Brasil decidió este jueves suspender el derecho al secreto telefónico y telemático de dos exministros del Gobierno de Jair Bolsonaro.

La decisión, que supone una profundización de la investigación de sus actuaciones como ministros, afecta al excanciller Ernesto Araújo y al general del Ejército Eduardo Pazuello, quien ocupó la cartera de Salud entre mayo de 2020 y marzo pasado.

En relación con Araújo, se sospecha que sus actitudes «hostiles» con China, país al que solía referirse en forma despectiva como «comunista», retrasaron la llegada a Brasil de insumos médicos e incluso de vacunas anticovid producidas en la potencia asiática.

La situación de Pazuello es más delicada, ya que ejerció como ministro de Salud durante el periodo en que la pandemia aceleró y llegó al estado de descontrol en que se encuentra desde hace meses.

La decisión de la comisión es extensiva a tres empresas de publicidad que tienen contratos con diversos organismos del Ejecutivo y otras 16 personas vinculadas al Gobierno, entre las que está el asesor de Asuntos Internacionales de la Presidencia, Filipe Martins.

La comisión parlamentaria fue instalada en mayo pasado e intenta establecer si el Gobierno tiene alguna responsabilidad en la alta incidencia y el descontrol de la pandemia en el país, uno de los más afectados del mundo y que ya suma casi 480.000 muertes por la covid-19.

Hasta ahora, el grupo de senadores ha hallado serios indicios de que el Gobierno pudo haber incurrido en graves atrasos en la compra de vacunas y que, además, invirtió cuantiosos recursos públicos en la adquisición y distribución de remedios, como la cloroquina, cuya efectividad contra el coronavirus no está comprobada.

La comisión fue creada a instancias de la oposición, que tiene siete de sus once miembros, y también investiga posibles casos de corrupción en la adquisición de material médico que involucrarían a nueve gobernadores.

Este jueves debía declarar ante la comisión el gobernador del estado Amazonas, Wilson Lima, quien sin embargo presentó un «habeas corpus» que impidió su comparecencia, debido a que ya es investigado en los tribunales por esas supuestas irregularidades.