La crisis derivada por la grave pandemia del COVID19, tanto a nivel global, regional y nacional, nos exige una profunda reflexión sobre los esfuerzos que deben realizar los Estados priorizando grupos poblacionales históricamente excluidos y marginados. Este es el caso de las niñas, niños y adolescentes que han sido afectados en el contexto del ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

Los registros públicos, han cerrado el año 2020, con cifras alarmantes de casos de vulneración de derechos, la violencia intrafamiliar se ha exacerbado y las víctimas más vulnerables han sido, las niñas, niños, adolescentes y mujeres. A eso, se ha sumado la crisis institucional provocada por un gobierno transitorio en Bolivia, durante el año pasado y que no logró desarrollar mecanismos efectivos de alerta temprana y respuesta inmediata a víctimas de violencia.

El llamado a la acción, debe estar acompañado en medidas reforzadas con un enfoque infantocentrico y así situar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en el centro de la agenda pública. Hacer efectivas estas medidas, sin lugar a dudas requiere de un soporte y un asocio con la sociedad, las comunidades y las familias, éste es en verdad, el desafío más profundo, en una sociedad marcada por brechas de desigualdad, manifiestamente arraigadas a patrones adultocéntricos, patriarcales y racistas.

La afectación claramente elocuente, apunta a que la supresión y limitación de los derechos humanos, en contextos de crisis, tiene un impacto más acentuado en poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como la infancia, la niñez y la adolescencia.

Dentro este grupo de mayor vulnerabilidad, hay afectaciones aún mayores, por ejemplo: las niñas, niños y adolescentes en situación de institucionalización por pérdida del cuidado familiar o por ser víctimas de violencia, niñas y niños de la primera infancia, niñez migrante, niñez con discapacidad, entre otras situaciones de alto riesgo. Asimismo, se han adicionado riesgos inminentes provocados por el cambio de rutina y esparcimiento de niñas, niños y adolescentes, que ahora pasan más tiempo en internet y redes sociales, lo que los hace más vulnerables a sufrir acosos cibernéticos y otro tipo de violencias y vulneraciones asociados a esta virtualidad.

Priorizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, como un principio holístico y rector de las acciones públicas frente a este virus de desigualdad, es un imperativo necesario y urgente, que debe tomarse con la diligencia necesaria. La narrativa, entorno a que el virus llega a ser benevolente con las generaciones más jóvenes, no debe plantear -erróneamente- la postergación de sus derechos y la consecuente negativa de concebirlos, como sujetos de derechos y seres humanos en condiciones especiales de desarrollo. Y todo esto pasa, por garantizar su protección integral con prioridad absoluta mientras dure la pandemia y generar acciones concretas en el contexto post pandemia, que permitan aminorar los impactos nocivos en sus vidas.

El virus ha golpeado de una manera desigual, pero lo ha hecho de una manera aún más dura con quienes ya tenían una desventaja social, económica y etarea, ello conlleva a que se debe reforzar las acciones de toda índole, como respuesta a la pandemia, porque el virus exacerba las desigualdades existentes.

Ver a la infancia, a la niñez y a la adolescencia, como estrictamente portadora de futuro y no invertir en su presente, es un mal de muchos, porque posterga sus derechos y esto es algo que claramente debe cambiar, en el lenguaje, que es muy poderoso, pero sobre todo en las acciones presentes que potencien sus vidas y el desarrollo de nuestras sociedades.

Plantear una agenda urgente y necesaria, para la niñez y adolescencia, conlleva la inversión pública del Estado en todos sus niveles, que permita fortalecer los sistemas de protección de la niñez y adolescencia, para la prevención, protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes, implica además democratizar el acceso al derecho a la educación, con el pleno ejercicio de oportunidades en el ámbito urbano y rural, implica trazar un camino conjunto entre el Estado, la sociedad y las familias, en la que aunemos esfuerzos. Está claro, que el virus es letal y además es un virus que acrecienta las desigualdades, pero paradójicamente no es el virus el que ocasionará las peores consecuencias para las sociedades, lo hará la falta de acción oportuna.

Requerimos movilizarnos y hacer un gran llamado a la acción, al Estado, a las familias, a la sociedad civil, a los líderes comunitarios, a las iglesias, a las empresas, a los profesionales probono, a los voluntarios, a las agencias de cooperación, a los organismos no gubernamentales, a la academia y a los medios de comunicación.

Requerimos una gran alianza, un compromiso nacional sin precedentes, para hacer frente a los posibles escenarios de desigualdad, acrecentados por la pobreza, la inequidad de género y el sistema adultocentrico y poner en la agenda pública prioritariamente los derechos de las niñas, niños y adolescentes. ¡Podemos hacerlo, estamos a tiempo!.

Por: Ninoska Durán Burgoa