El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó luego de sostener una reunión con el Consejo Consultivo de expertos en materia de derecho, que se fijó un plazo máximo hasta el próximo 20 de diciembre, para definir si se planteará o no al Legislativo un proyecto de ley de reforma a la Constitución Política del Estado (CPE), cuyo objetivo será transformar la justicia boliviana.

«El Ministerio (de Justicia) está acelerando este proceso y busca llevarle a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley de reforma constitucional lo más pronto posible, antes del 20 de diciembre, ese es el objetivo que nos hemos trazado y esperamos cumplir con el país», informó Lima, tras el encuentro con el Consejo Consultivo.

El ministro de Justicia explicó que el objetivo, si es que se decide plantear una reforma a la CPE, es llevar esa propuesta a referendo constitucional y, para ahorrar recursos, se buscará unir ese proceso a las elecciones subnacionales del 7 de marzo de 2021.

En ese sentido, aseguró que el asesoramiento del Consejo Consultivo, compuesto por nueve destacados juristas, liderados por el expresidente, Eduardo Rodríguez Veltzé, busca tener el más amplio consenso jurídico y social para encarar una reforma integral a la justicia boliviana.

El Consejo Consultivo está conformado por Bernardo Wayar Caballero, Eduardo Rodríguez Veltzé, Carlos Alberto Goitia, José Antonio Rivera, Ramiro Guevara, Jaime Álvarez Fortún, José Luis Gutiérrez, Soraya Santiago Salame y Rodolfo Sanjinéz.

«Queremos construir un documento técnico, lo que va surgir de esta mesa de trabajo es un proyecto de ley que le proponga al país la reforma a la Constitución. También puede ser que le recomendemos al país que no hace falta tocar la Constitución, que solo falta cambiar leyes», dijo el ministro de Justicia.

El plazo hasta el 20 de diciembre se dio porque en esa fecha la Asamblea Legislativa anunció que cerrará sus sesiones de este año, y para llevar a referendo constitucional el proyecto de ley, se debe incluir la pregunta en las papeletas de las elecciones subnacionales, que se imprimirán en enero de 2021, indicó Lima.

Recordó que un proceso electoral le cuesta al país alrededor de 243 millones de bolivianos, por lo que, si se une el referendo constitucional a las elecciones subnacionales, ese mecanismo solo significará una inversión de alrededor de 10 millones de bolivianos.

Por su parte, Rodríguez Veltzé sostuvo que el proceso de reforma judicial en Bolivia requiere, en una primera etapa, «la conformación de los autos tribunales, la forma de elección (de jueces), la formación de la carrera judicial y los mecanismos de evaluación del desempeño de los jueces», entre otros.