La Fiscalía de Bolivia ha pedido comparecer al futuro vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y a los cofundadores de Podemos Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón por el incidente diplomático en la embajada de México el pasado 27 de diciembre. Para intentar evitarlo, Iglesias se guarda un as en la manga: el Convenio entre el Reino de España y la República de Bolivia sobre la asistencia judicial en materia penal.

El convenio de cooperación, firmado en 1988, se estableció la actuación que debe llevar a cabo el Estado español en estos casos. A efectos prácticos el Gobierno de España debe actuar como si la petición la realizase la Fiscalía General del Estado.

Sin embargo, el propio documento incluye una cláusula -en su Artículo 3- donde se recogen una serie de excepciones a las que Sánchez podría acogerse para liberar a Zapatero, a su vicepresidente y al resto de citados, de declarar ante la Fiscalía boliviana.

La cláusula apunta que se puede denegar la asistencia judicial por varias causas. Iglesias se agarra a la del artículo la 3.1.c: “Cuando existan motivos fundados para creer que la solicitud de asistencia se ha formulado para investigar o juzgar a una persona por causa de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas, sexo o condición, o que la situación de esa persona puede resultar perjudicada por cualquiera de estas razones”.

Por lo tanto, Iglesias puede usar esta baza para argumentar ante su socio de Gobierno que la Fiscalía de Bolivia está motivada por razones relacionadas con su opinión política.

Lo cierto es que se trataría de una flagrante violación del acuerdo, ya que estas excepciones están dispuestas para casos en los que una dictadura utilizase el acuerdo para una persecución política. Por ello, en el caso de que el Gobierno de España se acogiera a esta cláusula para salvar a Iglesias y los demás dirigentes de Podemos, se estaría desencadenando un conflicto diplomático de mayores dimensiones.

Publicación de OK Diario Texto de Raquel Tejero