En Argentina se usó mucho durante el kirchnerismo y se repite ahora la palabra “grieta” para calificar la profunda división del vecino país en dos partes políticamente irreconciliables. La palabra podría aplicarse también sin problemas en la sociedad boliviana, dividida peligrosamente desde hace años y con una herida que, en lugar de cerrarse, se abre más cada día que pasa.

Entre octubre y noviembre de 2019 estuvimos aquí otra vez al borde de una guerra civil que se evitó con un acuerdo político de pacificación alentado incansablemente por la Iglesia católica y la comunidad internacional, representada por la ONU y la Unión Europea.

Costó violencia y mucho esfuerzo la construcción de un consenso básico para validar el recurso del voto como el único capaz de evitar que los bolivianos resolvamos a tiros y dinamitazos nuestras diferencias en las calles. Afortunadamente se pudo acordar una tregua social hasta que haya una nueva votación.

En las primeras semanas de pacificación nos entusiasmamos con gestos políticos inusuales, como la apertura al diálogo y el desprendimiento para avanzar en la protección de la democracia. Sin embargo, el diablo nunca duerme y penosamente la ilusión duró hasta que comenzaron a agitarse otra vez los demonios de las ambiciones partidarias y personales de llegar al poder, de no dejarlo o de volver a él, cueste lo que cueste. Nos engañaron de nuevo con falsas ilusiones y hemos llegado a un momento de creciente riesgo para la paz social, agravado por la peor pandemia y por la crisis económica más compleja de todos los tiempos.

Aunque otra vez la Iglesia y la comunidad internacional han tenido que garantizar un acuerdo político para fijar la nueva fecha de los comicios presidenciales, es mayor la incertidumbre que la certeza sobre la viabilidad inmediata del acto electoral. Las confusas y contradictorias proyecciones del pico de la pandemia en Bolivia alimentan una complicada pulseada. El renovado Tribunal Supremo Electoral tiene en este momento grandes complicaciones para convencer a la mayoría de los bolivianos de que su calendario es plenamente compatible con el cuidado de la salud. Entre la polémica y algunas demandas judiciales, el árbitro de la competencia se esfuerza mediáticamente en demostrar a la opinión pública que la fecha elegida es la adecuada y que su insistencia en defenderla no obedece al sometimiento servil a algunos actores de la contienda.

Este clima hostil conspira contra la imprescindible confianza que hay que tener en el TSE y no puede suceder que lleguemos a las urnas con un descrédito irreparable de los vocales, que luego se puede usar por los perdedores como argumento para desconocer los resultados electorales.

A la compleja situación del manejo del calendario electoral en pandemia se suma una acelerada descomposición del estado de ánimo social por las dolorosas secuelas del virus y un exponencial aumento de la beligerancia política, azuzado por peligrosos rumores de desestabilización y por el cruce de acusaciones de bloqueos, sabotajes y de persecución política. Este clima ardiente nos lleva a recordar el pasado reciente y a temer un retorno próximo de la violencia para resolver la pugna política. Si esa sensación sigue en alza, la propia votación seguirá incierta y será insuficiente para instalar un nuevo gobierno si no se hacen los esfuerzos políticos necesarios para cerrar la grieta.

La votación del 6 de septiembre, si se realiza ese día, no debe ser concebida como un fin, sino como el medio para abrir un nuevo ciclo de convivencia pacífica por largo tiempo. Quien gane la elección no podrá avanzar si no abona antes el terreno y si no concreta acuerdos mínimos para encarar la peor de las crisis sociales y económicas. Si el objetivo es solo llegar al poder y no cerrar la grieta, en pocos meses o años tendremos otra vez que recurrir al salvavidas de la comunidad internacional, que con la pandemia, tiene otros graves problemas de los que ocuparse.