El proyecto de ley de «Emergencia sanitaria» por la covid-19 que casi provoca una huelga de médicos en Bolivia superó este jueves los trámites en la Asamblea Legislativa tras su aprobación con modificaciones en el Senado y en la Cámara de Diputados, que envió el documento al Ejecutivo para su promulgación.

El proyecto fue aprobado en la mañana por el Senado y de inmediato retornó a la Cámara baja que también le dio el visto bueno «casi por unanimidad», explicó a los medios el presidente de esta última instancia, Freddy Mamani, del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

«Vamos a derivar inmediatamente y esperamos que el órgano Ejecutivo a la brevedad posible, si es posible mañana mismo, pueda promulgar esta ley que ya está aprobada en las dos cámaras», destacó Mamani.

Según el parlamentario, «el pueblo boliviano estaba esperando ansiosamente» la norma que permitirá reglamentar los precios de los medicamentos, de los servicios de salud y la contratación de personal, entre otros aspectos.

Una primera versión de la norma fue aprobada el pasado viernes por los diputados, con el rechazo de los gremios de profesionales de la salud que amenazaron con una huelga si sus observaciones no eran escuchadas.

El sector rechazó, entre otros, que la norma les prohíba hacer huelgas o protestas durante la declaración de emergencia sanitaria y la posibilidad de contratar médicos titulados fuera del país, lo que fue interpretado como la contratación de personal sanitario extranjero.

Una reunión en la que el Ejecutivo boliviano se comprometió a incluir en el proyecto las modificaciones planteadas por los médicos pudo frenar el conflicto.

Estos cambios fueron introducidos en el análisis que hizo la Cámara alta, por lo que luego el proyecto tuvo que regresar a Diputados para completar la aprobación en ambas instancias antes de pasar al Ejecutivo.

CRÍTICAS OPOSITORAS

La mayoría parlamentaria del MAS aprobó el proyecto pese a otras críticas que hicieron las fuerzas opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

La senadora Centa Rek, de Creemos, cuestionó que la ley apruebe las cláusulas de confidencialidad y reconocimiento de normativa extranjera para la compra de pruebas diagnósticas, vacunas, medicamentos, insumos, reactivos, tecnología y otros, al considerar que eso restará transparencia a la gestión de la segunda ola de la pandemia.

«Si los laboratorios exigen cláusula de confidencialidad debe haber algún gato encerrado, no es correcto, porque ningún negocio transparente y abierto se hace bajo este sistema y este tipo de contratos», manifestó Rek.

La misma observación fue realizada por la bancada de CC en Diputados, que a través del parlamentario Marcelo Pedrazas consideró que mantener la confidencialidad dará lugar a «actos de corrupción».

Pedrazas también criticó que el proyecto haya ingresado al Senado para su tratamiento a través de la Comisión de Constitución, controlada por el MAS, y no por la de Salud, de mayoría opositora, como correspondía, por lo que el tratamiento de la norma tiene un «vicio de inicio».

Comunidad Ciudadana también considera que la ley permitirá al Gobierno central quitar autonomía y capacidades a los gobiernos regionales y municipales en la gestión sanitaria, en contra de lo que señala la Constitución.

Bolivia afronta una segunda ola de la pandemia desde fines de diciembre, con reportes diarios que se han mantenido por encima de las 50 muertes y 2.000 contagios.

Con unos once millones y medio de habitantes, el país acumula 10.571 decesos y 222.447 casos positivos desde marzo de 2020, cuando se detectó por primera vez la presencia del virus en territorio boliviano.