Nuestra Constitución Política del Estado, en su artículo 385 indica: “Donde exista sobreposición de áreas protegidas y territorios indígena originario campesinos, la gestión compartida se realizará con sujeción a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, respetando el objeto de creación de estas áreas”. Este artículo, en línea con la democracia participativa que debería aplicarse en nuestro país, indica que los pueblos indígenas deberían tener prioridad para la toma de decisiones que afecten sus territorios y, por lo tanto, sus vidas. Sin embargo, las catástrofes medioambientales que hemos vivido en los últimos años nos han demostrado que el interés político continúa primando sobre el medioambiente y los territorios indígenas. La situación se repite con la masacre blanca que ha puesto en alerta a parques nacionales y áreas protegidas estas últimas semanas.

El nuevo director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, Teodoro Mamani Ibarra ha procedido al despido de al menos 11 responsables de áreas protegidas del país. Numerosas organizaciones de sociedad civil y líderes indígenas han expresado su rechazo a estos despidos, ya que los nuevos funcionarios en dichas posiciones no parecen contar con trayectorias medioambientales adecuadas para tal responsabilidad. Nuestras áreas protegidas quedan a merced de la ignorancia en un momento tan delicado para el país.

Las crisis medioambientales vividas recientemente -desde incendios a inundaciones- son, entre otros factores, consecuencia directa de un mal manejo de nuestras áreas protegidas y terrible gestión pública por parte de nuestros gobernantes. Hoy, como país, deberíamos priorizar el aumentar los números de expertos medioambientales para proteger nuestra naturaleza. En cambio tenemos una vez más un gobierno haciendo cuoteo político, despidiendo a personas con experiencia para reemplazarlas por personas cuya trayectoria laboral no es necesariamente medioambiental, pero sí son afines al partido de turno. Basta con ver un ejemplo.

El Parque Nacional Noel Kempff Mercado, al norte de Santa Cruz, es un área protegida de incalculable valor en su biodiversidad que inclusive fue declarada Patrimonio de la Humanidad el año 2000. Durante la crisis de incendios, tanto de 2019 como de 2020, los voluntarios, guardaparques y bomberos de la zona hicieron grandes esfuerzos para evitar la llegada del fuego a la zona. Bajo el mando del nuevo director del Sernap se despidió al licenciado Sandro Peña, quien llevaba ya seis años de trayectoria como director del parque. En su posición entró una nueva directora, cuya experiencia laboral incluye trabajo en la Dirección General de Migraciones, en la área de filiación y pasaporte, así como técnica especializada en procesos de contratación en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. ¿Es este el perfil adecuado para la persona encargada de proteger a un área que es incluso Patrimonio de la Humanidad?

La decena de despidos en el Sernap en las últimas semanas rompen con el reglamento básico para estos procesos. Los pronunciamientos al respecto desde sociedad civil exigen, con todo derecho, que se cumpla el Reglamento General de Áreas Protegidas, dando lugar a los correspondientes concurso de méritos para estos puestos, así como también la restitución de todos los guardaparques y directores que fueron despedidos de forma injusta. Cabe recalcar, como lo hace el pronunciamiento público del cuerpo de protección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, que los guardaparques son en innumerables ocasiones el único punto de coordinación para entidades de sociedad civil proveyendo ayuda inmediata en caso de incendios u otros desastres ambientales.

Sin su colaboración la probabilidad de ayudar a proteger nuestras áreas naturales en momentos de emergencias, como los vividos en los últimos años, es difícil o nula. Queda la pregunta si esta ola de despidos no es una retaliación por la exposición de movimientos ilegales dentro de nuestras áreas naturales por parte de los guardaparques a nivel nacional. El gobierno debería proteger nuestro medioambiente, pero parece estar en guerra con él.