Este 27 de mayo pasado, Día de la Madre, la pachamama volvió a arder. El Parque Nacional y ANMI Pantanal de Otuquis perdió más de dos mil hectáreas a un incendio provocado que duró cinco días. Pese a la imagen de acción rápida que tanto el Gobierno central y de la Gobernación de Santa Cruz pretenden dar, la realidad es que no estamos preparados para la nueva época de incendios que se aproxima. El incendio de Otuquis y la falta de vehículos para quienes combatían el fuego en la zona lo comprueban.

Un combate efectivo de incendios debería tener dos componentes principales: la colaboración operacional fluida entre distintas agencias (gubernamentales y privadas/voluntarias) y la asignación de recursos de forma rápida para ejecutar el trabajo operacional. El primer elemento, la colaboración operacional, implica entre otras cosas tener ya comandos unificados en la zona y equipos de alta especialización para diseñar la estrategia de combate del fuego. Ambas cosas nos faltan en la Chiquitania.

No tenemos comandos unificados interagenciales que estén listos durante los meses de quema y tengan práctica previa. Esta práctica en conjunto de distintas agencias es necesaria para agilizar la coordinación de entidades cuando la emergencia ocurre. No sólo no existen tales comandos unificados, sino, peor aún, este año, dada la cantidad de cambios de funcionarios públicos (tanto a nivel central como gobernación y municipal) en los últimos tres años, incluso quienes colaboraron en previos incendios ya no están.

En cuanto a los equipos de alta especialización en estrategia de combate de incendios, si los hay desde el lado gubernamental los voluntarios no lo sabemos. Los especialistas que sí conocemos tienden a ser bomberos voluntarios a quienes las autoridades ni del gobierno de Morales ni el de Añez priorizaron ni escucharon en el pasado. La prioridad que se les da hoy puede cuestionarse, ya que de muestra basta un botón: los bomberos forestales siguen sin ser vacunados en Santa Cruz.

En cuanto a la asignación rápida de recursos, ésta implica una coordinación interagencial rápida que en Bolivia claramente sólo se da cuando hay presión de la opinión pública. La falta de transporte y equipamiento para combatir el fuego en Otuquis hizo obvia esta falta de dotación de recursos en el Pantanal. En general, todos los años en la época de incendios hace falta maquinaria pesada que existe en la zona pero son propiedad privada de ganaderos, quienes curiosamente no la hacen disponible.

En resumen: la estrategia de combate de fuego debería ser diseñada por equipos de alta especialización en el comando de incidentes, a quienes deberían integrarse y subordinarse los entes gubernamentales, cosa que en nuestro país no ocurre porque el Gobierno le da prioridad a ministerios o militares que no son especialistas en incendios forestales. A esto se aumenta que la asignación de recursos para el combate de fuego debería darse desde una institución interagencial que prevea y dote rápidamente de recursos al comando de la zona afectada – tal agencia, con esas funciones específicas, tampoco existe en nuestro país. No nos pueden decir que “todo está controlado” cuando nuestra preparación sigue siendo mínima y, en el mejor de los casos, experimental. Otuquis lo demostró.

Finalmente, cabe recalcar que la prevención es la medida más adecuada para evitar desastres. Hasta ahora casi todos los esfuerzos de “prevención” de incendios han sido saludos a la bandera: campañas comunicacionales, suspensiones de permisos de quemas, todas medidas legales o comunicacionales que tendrán poco o nulo efecto mientras los operativos para el control y sanción a quemas y desmontes sigan siendo débiles. De nada sirve tener tantas instituciones y leyes sobre el tema cuando éstas no tienen ni el presupuesto ni la capacidad de identificar infractores y sancionarlos. Si la ABT, el INRA y el Sernap no pueden hacer cumplir sus medidas, la prevención es imaginaria mientras los incendios seguirán siendo reales.