«Los verdaderos monstruos no habitan en los cuentos», rezaba una de las pancartas llevadas por manifestantes que protestaron este jueves para expresar la «tristeza» y coraje que siente Panamá por la inacción de las autoridades ante los casos de abuso sexual y maltrato a niños en albergues supervisados por el Estado.

Los manifestantes, entre ellos muchos estudiantes universitarios, se congregaron ante la sede de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), la encargada de supervisar instituciones de protección o albergues, que ha sido escenario de protestas en los últimos días.

Rodeados de un fuerte contingente de la Policía Nacional (PN), los manifestantes, unos 200, gritaron «justicia» y pidieron la renuncia del presidente panameño, Laurentino Cortizo, al que señalaron de «cómplice» por entender que ampara a los altos funcionarios involucrados con el tema de la niñez porque no ha destituido a ninguno.

«Estamos indignados por la falta de nombres, de los informes, queremos saber … cómo es posible que esto está desde el 2015 y ahora se viene a destapar», dijo a Efe la activista ambientalista Serena Vamvas.

Una subcomisión de la Asamblea Nacional presentó la semana pasada un informe que detalla que decenas de menores de edad fueron abusados sexualmente, maltratados física y psicológicamente en 14 albergues, instituciones que administran organismos privados como ONG y fundaciones, pero que están bajo la supervisión del Estado, que en muchos casos además les otorga fondos públicos.

«Un país que siempre se ha enfocado en los grados de inversión y el producto interno bruto,un país que se llama el ‘Dubái de las Américas’ le da comida de perro a los niños, violaciones y abusos constantes y con el silencio cómplice de las autoridades gubernamentales», dijo a Efe el estudiante universitario Ismael González, integrante del grupo Generación de la Transformación.

«La sociedad panameña está totalmente triste», agregó el activista.

El miércoles en una alocución televisada, el presidente Cortizo se refirió por primera vez al tema y exigió castigo con el «máximo rigor de la ley para los responsables de los delitos cometidos contra los derechos de las niñas, los niños y adolescentes» y recalcó que las autoridades vinculadas a los albergues han presentado denuncias penales por las irregularidades.

El fiscal general, Eduardo Ulloa, dijo este jueves que hay ocho casos abiertos por diversos delitos vinculados a albergues infantiles, iniciados hace dos años, y aseguró que se exigirá «responsabilidad tanto a los directamente involucrados en la comisión de delitos como quienes sean responsables por omisión».