El 8 de enero de 2021 pasó algo que veíamos lejano: la red social twitter suspendió definitivamente la cuenta de Donald Trump, presidente en funciones de Estados Unidos. A esta decisión se sumaron facebook e instagram, al bloquear de manera indefinida sus cuentas en ambas redes, y Snapchat que hizo público el cierre de manera permanente de la cuenta del presidente saliente del país del norte.

Ante el bloqueo, tanto Trump como sus seguidores migraron de manera masiva a Parler, una red social como muchas otras. No obstante, google y apple decidieron quitar de su tienda de aplicaciones esta plataforma digital. Asimismo, el gigante Amazon le cortó el servicio de alojamiento en sus servidores porque no podían “proporcionar servicios a un cliente que no puede identificar y eliminar de manera eficaz el contenido que fomenta o incita a la violencia contra otros”, según palabras de su CEO.

Los bloqueos en cadena que hicieron las grandes corporaciones digitales a una cuenta o cuentas de un mandatario de Estado generó una serie de reacciones a nivel mundial, en la esfera política y económica. El lunes 11 de enero, Twitter perdió 2,625 millones de dólares en valor de mercado; sus acciones, fuera de hora, bajaron un 11% hasta los 45,8 dólares. Los papeles de Facebook retrocedieron 4.01% en el NASDAQ, a 256.84 dólares, lo que le restó 30,562 millones de dólares en su capitalización bursátil.

En el ámbito político, la canciller alemana Angela Merkel consideró “problemático” el cierre de las cuentas en diferentes redes sociales de un presidente saliente, especificó su portavoz, Steffen Seibert, quien también señaló que la libre opinión es «un derecho fundamental de importancia esencial» en el que se puede intervenir, pero solo dentro del marco definido por los órganos legisladores, «no por decisión de la dirección corporativa de plataformas en las redes sociales».

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también se manifestó al respecto y dijo que “No puede haber un organismo particular que decida quitar el derecho que se tiene a la libre manifestación de las ideas”. Por su parte, el secretario de Estado francés para asuntos digitales, Cédric O., consideró que «La regulación del debate público por parte de las principales redes sociales respecto a sus CGU (Condiciones Generales de Utilización), habiéndose convertido en verdaderos espacios públicos de reunión de miles de millones de ciudadanos, parece, cuanto menos, un tanto limitado desde un punto de vista democrático».

Y es en este sentido que se empieza a generar un debate en torno a la libertad de expresión en el espacio digital -que va de la mano con los derechos de las personas en el ciberespacio- y, en consecuencia, sobre quiénes son las personas que deciden sobre eso.

Si bien internet es una gran red de redes descentralizada, con miles de servidores que se conectan entre sí desde diferentes partes del mundo, las plataformas digitales de redes sociales más populares pertenecen a grandes corporaciones privadas. Estas empresas concentran miles de millones de cuentas de personas (solo facebook tiene 2400 millones de usuarios activos) y sus respectivos datos. Pueden hacer lo que quieran con esa información: usarla a su favor, venderla, bloquearla o quitarla, depende exclusivamente de sus reglas.

Lo que pasó con respecto al bloqueo de la cuenta de Donald Trump, es algo que a menudo nos pasa a las y los usuarios de estas plataformas. Muchas veces nos bloquearon nuestra cuenta o eliminaron algún tipo de contenido. Solo que nunca llegó a un escándalo porque no somos figuras públicas. Pero este episodio, que tuvo como protagonista a un presidente en funciones de uno de los países más poderosos del mundo, explotó un debate que es ahora más urgente que nunca.

Entonces… ¿Quién debe decidir sobre el acceso a estas grandes plataformas? ¿El hecho de que sean privadas les da el derecho de decidir a quién le prestan el servicio o no? ¿Deberían los Estados regular a estas grandes empresas? ¿Los Estados deberían ofrecer alternativas públicas? ¿Bajo qué legislación se regula un servicio transfronterizo? ¿Quién protege a las y los usuarios de estas plataformas?

Este sin duda es un dilema sobre la gobernanza de internet, que en teoría “es un conjunto de principios, normas, reglas, procesos de toma de decisión y actividades que, implementados y aplicados de forma coordinada por gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidad técnica, definen la evolución y el uso de la Red”, en la que también están involucrados organismos multilaterales “independientes” e “imparciales”. Sin embargo, en la práctica hemos presenciado a un grupo reducido de personas que decidieron cuándo y cómo no permitir a un presidente comunicarse en entornos digitales.

Si bien existen alternativas de plataformas comunitarias y en software libre, como diáspora o mastodon (que abordaremos a detalle en otra columna) ya no es suficiente. Al ser internet y las redes sociales medios de uso cotidiano, es imperativo que como sociedad discutamos y analicemos sobre quién decide en el espacio digital y cómo se pueden garantizar los derechos de todas las personas en internet.

Por: Natalia Antezana Bosques